EE.UU. y la Pandemia Covid-19 

Texto: Teresa Ghilarducci – Project Syndicate

NUEVA YORK – A pesar de la profunda polarización de la política norteamericana, parece haber más acuerdo que desacuerdo respecto de cómo lidiar con las consecuencias económicas de la epidemia del COVID-19. La Reserva Federal de Estados Unidos ya está implementando medidas audaces en materia de política monetaria, y el Congreso está trabajando aceleradamente para aprobar un importante paquete de estímulo fiscal que contemple rescates del gobierno con participaciones de capital en empresas privadas y una o dos inyecciones únicas de efectivo a los hogares.

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Pero este momento raro de bipartidismo habrá resultado una oportunidad perdida si no revierte la larga decadencia de las protecciones y del poder de negociación colectiva de los trabajadores en Estados Unidos. Como han demostrado Lawrence H. Summers, de la Universidad de Harvard y muchos otros, esta tendencia ha contribuido de manera importante al estancamiento de la economía de Estados Unidos en los últimos años y ahora amenaza con socavar la próxima recuperación.

A pesar del ajuste de los mercados laborales desde 2009, la participación de los trabajadores en el ingreso ha caído de modo continuo y obstinado. Sin una respuesta política que vuelva a colocar a los salarios y a la seguridad económica en el sendero de las ganancias y el crecimiento de la productividad, una repentina caída de la producción económica será inevitable. Peor aún, el diseño actual de la respuesta bipartidista daría lugar a una mayor consolidación del poder de monopolio y monopsonio, lo que conduciría a una mayor represión laboral y estancamiento. Sin medidas que fortalezcan los estabilizadores automáticos, los programas de seguro social y el poder de negociación de los trabajadores, la mayor oferta de mano de obra como consecuencia de un creciente desempleo sofocará el salario mínimo de muchos trabajadores (el pago mínimo que un trabajador puede aceptar).

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En las recesiones normalmente no aparece la escasez de mano de obra como una característica, pero en este caso la demanda de mano de obra en la primera línea de la pandemia está aumentando rápidamente. Pero también lo hace el peligro para esos trabajadores, muchos de los cuales tienden a tener más edad y un mayor riesgo de contagiarse el COVID-19. Si ya no pueden trabajar, la respuesta de salud púbica más amplia se verá afectada. Sin duda, los salarios en la atención médica, el transporte, la distribución de alimentos y otros sectores esenciales están subiendo en medio de la crisis. Pero estas alzas serán temporarias y muchos otros trabajadores se están viendo obligados a trabajar horas extra (como, por ejemplo, asistentes de salud en el hogar no sindicados o trabajadores de la salud no remunerados) sin una compensación adicional, aún si sus riesgos ocupacionales aumentan.

Ya sabemos qué políticas ayudarían a los trabajadores durante la crisis y después. Para empezar, se les debería exigir a todos los empleadores que ofrezcan una licencia paga por enfermedad. Luego del lobby realizado por Amazon y otros, el Congreso de Estados Unidos y el presidente Donald Trump han eximido a las empresas con más de 500 empleados de esos requerimientos. Esto no sólo es malo para los trabajadores y, por ende, para la recuperación, sino que también plantea un riesgo para la salud pública (que es precisamente la razón por la cual los Centros para el Control de las Enfermedades mantienen datos sobre licencias pagas por enfermedad).

EEUU empieza a convertirse en foco central de una pandemia que se acelera.

Segundo: es necesario lograr que a las empresas les resulte más fácil cesantear a sus empleados que despedirlos durante las crisis. Como sostiene Arindrajit Dube de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos debería exigir que todos los estados ofrezcan acuerdos de repartición del trabajo, a través de los cuales el gobierno paga parcialmente el gasto salarial de los trabajadores que, de otra manera, serían despedidos.

Así está Estados Unidos. «Cerrado».

Es más, al pensar en la próxima crisis, Estados Unidos necesita transformar su sistema de seguro de desempleo. La elegibilidad debería ampliarse drásticamente (sobre todo para incluir a los trabajadores temporarios), y las compensaciones deberían aumentarse mucho más allá del nivel actual de reemplazo de salario, que ronda apenas el 40%. En esto, Estados Unidos está mucho más rezagado que el Reino Unido, donde el gobierno ya ha anunciado que cubrirá el 80% del costo salarial para los trabajadores potencialmente dispensables que los empleadores no despidan.

Tercero: las empresas que reciben fondos públicos de cualquier tipo no deberían poder trasladar trabajos a otros países o tercerizarlos, violar las leyes laborales o realizar recompras de acciones. La senadora norteamericana Elizabeth Warren hace mucho tiempo que viene defendiendo esta postura y ahora hasta Trump está de acuerdo.

Cuarto: Estados Unidos necesita políticas para impedir la creación de “ejércitos de reserva” de mano de obra durante las crisis. Por ejemplo, con pensiones más altas, los trabajadores de más edad no tendrán tanta necesidad de inundar el mercado laboral. El problema es que, a diferencia de las pensiones de beneficios definidos, los programas 401(k) y de Seguridad Social no actúan como estabilizadores automáticos.

Sobre esta cuestión, una propuesta particularmente desacertada (impulsada por la junta editorial del Wall Street Journal) le permitiría a la gente disponer anticipadamente del dinero en sus cuentas de retiro sin pagar una penalidad. Pero, de todos modos, la penalidad en realidad nunca frenó a la gente a la hora de hacer un retiro en una situación de emergencia. Al eliminarla, el gobierno no haría más que señalar que está bien que los hogares saqueen su futuro por su seguridad actual. Dado que la fragilidad financiera en Estados Unidos está en aumento, ésta es una receta para que millones de jubilados invadan el mercado para competir con trabajadores más jóvenes durante las crisis.

Por último, Estados Unidos debería aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora e incrementar las penalidades para las empresas que clasifican mal a los trabajadores para no ofrecer compensaciones. Ésta y las otras medidas mencionadas más arriba no sólo impulsarían la participación de la mano de obra en el ingreso y estabilizarían la demanda durante las crisis; lo harían sin incrementar el déficit.

Un rasgo alentador de la crisis actual es que ha generado una efusión feroz y compasiva de respaldo público a los trabajadores, especialmente aquellos en la primera línea que están arriesgando sus vidas (en muchos casos sin dispositivos de protección) para ayudar. Es de esperar que este sentimiento se traduzca en políticas.

Durante décadas, Estados Unidos ha permitido que los sindicatos y el compacto más amplio de empleados y empleadores se deterioren sustancialmente. En el pasado, los sindicatos eran los que negociaban las licencias pagas por enfermedad y otras alternativas para el desempleo, tal como en la crisis actual el sindicato de la industria automotriz United Auto Workers ha implorado para que las plantas se cerraran. Si más trabajadores tuvieran contratos sindicales –que actúan como otro estabilizador automático-, el golpe de la pandemia ya se habría aligerado. Al diseñar una respuesta política, es hora de que ambos partidos antepongan a los trabajadores.

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Teresa Ghilarducci, es profesora de Economía en The New School for Social Research.

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