En guerra contra la COVID‑19
Texto: Pavlina R. Tcherneva – Project Syndicate
NUEVA YORK – Las consecuencias de la pandemia de coronavirus no se parecerán en nada a las de la crisis financiera de 2008 y no se obtendrá una recuperación en forma de V con medidas de estímulo convencional, por más grandes que sean los paquetes de estímulo. Estamos en guerra contra la COVID‑19 y en tiempos de guerra, la producción civil se detiene y el único trabajo que se necesita es el destinado al esfuerzo bélico mismo.
Además, lamentablemente es necesaria una recesión para detener el avance del virus. En Estados Unidos, más del 50% de los puestos de trabajo están en riesgo de despido, suspensión, recorte salarial y pérdida de horas. Casi todos los sectores de la economía perderán buena parte de su actividad, los hogares sufrirán una enorme merma de ingresos y el gasto de consumidores y empresas disminuirá rápidamente. En el sector industrial, el colapso ya comenzó; a continuación viene la economía de servicios, que emplea al 80% del total de trabajadores.
De modo que una pandemia provocará otra, de desempleo. La avalancha de despidos traerá una ola de deudas impagas, quiebras y reducción de ganancias. El efecto dominó continuará en muchos ámbitos: enorme caída de la recaudación impositiva en los niveles estatal y municipal, quiebras de empresas, empobrecimiento de comunidades, empeoramiento de indicadores sanitarios, gente sin techo y «muertes por desesperación».
¿Cuál debería ser la respuesta oficial? La misma que usó el gobierno estadounidense bajo el presidente Franklin D. Roosevelt en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
La primera prioridad es la movilización. Eso implica construir hospitales de campaña provisorios, clínicas «drive-through» (para hacer la prueba del virus a automovilistas sin que desciendan del auto) y centros sanitarios de emergencia. Implica acelerar la producción de equipos y medicamentos esenciales, dotar de personal suficiente a las instituciones sanitarias y crear servicios de apoyo para los hambrientos, los sin techo y los más vulnerables. Implica, finalmente, el despliegue de un ejército para la desinfección de aeropuertos, escuelas y áreas públicas críticas.
En segundo lugar, hay que facilitarle a la gente la permanencia en casa, mediante la prórroga de deudas con vencimiento en el corto plazo (incluidas deudas de pequeñas empresas y préstamos hipotecarios) y la suspensión de facturas de servicios, como ya están haciendo algunos países europeos. También es necesario que los gobiernos provean ingresos complementarios en la forma de un seguro de desempleo ampliado, vales para comida y ayuda para vivienda. En Estados Unidos hay que derogar todos los requisitos laborales impuestos como condición para la recepción de prestaciones sociales, y el gobierno federal debe proveer asistencia financiera inmediata a los gobiernos de nivel estatal que estén limitados por normativas legales de equilibrio fiscal.
El paquete de respuesta al coronavirus que acaba de adoptar Estados Unidos es totalmente insuficiente. La ley que se aprobó deja al 80% de los trabajadores del sector privado sin cobertura médica y licencia con goce de sueldo. La cláusula sobre acceso gratuito a pruebas de detección no es ningún alivio para quienes ya están gravemente enfermos, o quienes perderán el seguro de salud al quedar desempleados. Estados Unidos debe usar esta ocasión para adoptar como políticas permanentes la licencia universal con goce de sueldo y el programa de seguro médico nacional Medicare para Todos.
Otra alta prioridad es proveer ayuda de emergencia en efectivo a los hogares. La propuesta de distribuir una ayuda universal de mil dólares por persona generó gran revuelo en Estados Unidos (sería mejor que fueran dos mil). Pero la ayuda en efectivo no bastará por sí sola: la mayor parte se perderá si no se la complementa con las disposiciones mencionadas y con medidas decididas para apuntalar el tambaleante mercado laboral.
Cuando las perspectivas de empleo e ingresos son inciertas, entregar dinero a las familias es como verter agua en un recipiente agujereado. Lo que Estados Unidos y otros países realmente necesitan es políticas para crear empleo de calidad cuando la crisis termine.
Por eso, después de tomar todas las medidas necesarias para lo inmediato, los gobiernos tendrán que volver a movilizarse. El único modo de garantizar una recuperación veloz (y no otra larga y lenta recuperación sin creación de empleo) es con una fuerte intervención estatal, grandes inversiones públicas y amplios programas de empleo público. Muchas de las medidas de estímulo después de la última crisis terminaron impulsando un aumento descontrolado de la desigualdad; esta vez tiene que ser diferente.
La situación no demanda «empujoncitos» o «incentivos» sino una acción directa según el modelo de iniciativas como el New Deal, el Sistema Interestatal de Autopistas estadounidense y el Programa Apolo. Los gobiernos deben usar esta crisis como una oportunidad para iniciar un ambicioso programa de inversiones en infraestructuras sustentables como el que propone el Green New Deal. Al fin y al cabo, tarde o temprano habrá otra epidemia viral, y la crisis climática demanda una respuesta ambiciosa y decidida como la de Roosevelt.
Una vez terminada la pandemia, habrá que generar empleo. Las autoridades ya tendrían que estar preparando programas de empleo garantizado y en actividades de utilidad pública para toda persona que vaya a la oficina de desempleo. Y esa garantía de empleo debe ir acompañada de entrenamiento y formación, para que cuando la economía se recupere los trabajadores puedan postular a empleos mejor remunerados en el sector privado.
Hasta el mes pasado, y a pesar de cifras oficiales de desempleo históricamente bajas, los analistas en Estados Unidos seguían hablando del excedente de mano de obra que dejó tras de sí la crisis financiera de 2008. ¿Cuánto tiempo llevará regresar al nivel de empleo actual después de una pandemia que paralizará buena parte de la economía?
Sin una provisión directa de empleo garantizado, nos aguardan décadas de alto desempleo. A la inversa, una persona con trabajo digno puede pagar una hipoteca, comprar un boleto de avión y salir al restorán. Una amplia oferta de empleos de calidad para todo aquel que lo desee es la forma más segura de obtener una recuperación plena de todos los sectores de la economía.
¿Y cómo financiará todo esto el gobierno de los Estados Unidos? Como financia todo lo demás. No tendría que hacer falta una pandemia o una guerra mundial para recordar a los ciudadanos estadounidenses que el gobierno de su país se financia solo. Las instituciones financieras públicas de los Estados Unidos (el Tesoro y la Reserva Federal) se aseguran de que el gobierno pague todas sus facturas sin chistar.
De modo que lo único que se necesita es que el Congreso asigne las partidas presupuestarias y diseñe una política eficaz para enfrentar esta crisis y las que vendrán después. Nadie está pidiendo que la respuesta la «paguen» los contribuyentes ricos o inversores extranjeros. No es así como se financia un gobierno que controla su propia moneda. Así que dejemos de hacer la pregunta banal de cómo financiar estos programas. Hallar los fondos nunca es problema: centremos la atención en crear puestos de trabajo de calidad para los desempleados.
Traducción: Esteban Flamini
Project Syndicate
Pavlina R. Tcherneva, profesora asociada de Economía en el Bard College, es investigadora en el Levy Economics Institute y autora del libro (de próxima publicación) The Case for a Job Guarantee [Razones para el empleo garantizado].
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